Esa mañana dejó de hacerlo.
Inés insistió en llevarla con una abogada especializada en violencia psicológica y patrimonial: Nuria Ortega. En su despacho, Clara escuchó por primera vez términos como “anulación de convivencia”, “medidas cautelares” y “control coercitivo”. Apenas habían pasado unas horas desde la boda, pero Nuria fue clara: aquel episodio no podía aislarse; formaba parte de un patrón. Si quería actuar, tenía que documentarlo todo.
Y Clara empezó.
Guardó capturas de los mensajes. Rescató audios antiguos donde Diego la ridiculizaba por negarse a dejar su trabajo. Revisó correos en los que Doña Carmen daba por hecho que, tras la boda, abandonaría el estudio que compartía con sus socias. Incluso encontró un borrador de acuerdo prenupcial que Diego había intentado imponer semanas antes, donde cualquier ingreso extraordinario de Clara quedaba bajo su control. Cuando ella se negó a firmarlo, él solo sonrió y dijo que “ya habría tiempo”. Ahora entendía esa sonrisa: era la misma de aquella noche.
A media tarde, Diego apareció en la pensión. Clara lo vio desde la ventana: impecable, con gafas de sol y un ramo de flores blancas, interpretando al marido preocupado. Inés, que no pensaba dejarla sola, bajó con el móvil grabando desde el bolsillo.
—Sube y habla conmigo —gritó Diego, midiendo el tono—. Estás exagerando.
Clara no bajó. Respondió con un único mensaje: “Toda comunicación, a través de mi abogada”.
El ramo terminó en una papelera. Pero lo importante ocurrió después. Convencido de que nadie lo escuchaba, Diego dejó caer la máscara.
—Tú no te vas de mi casa así sin pagar el precio —murmuró, mirando hacia arriba.
Inés lo grabó con claridad.
